Juan Conumba vive por más de 30 años en el sector de Quijos-Huaico, en la provincia de Napo. La mayoría del tiempo se ha dedicado a la agricultura y labores de albañilería. Sin embargo, a partir del 2012 fue contratado por la empresa Astec, encargada de fiscalizar el Proyecto Hidroeléctrico Quijos. Esta central, sin embargo, se paralizó en diciembre pasado a raíz de la salida de la firma china Cneec, que fue declarada por el Estado como contratista incumplida.
Lo anterior ocasionó que Astec diera por terminada la relación laboral con Conumba y unos 40 empleados más. Ellos dicen que no recibieron su liquidación y tampoco un mes y medio de sueldo. El gerente de Astec, Bernardo Kreamer, confirmó que aún quedan pendientes estos pagos debido a que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad del Estado que es dueña de los proyectos hidroeléctricos, también les debe un “monto importante” que prefirió no detallar. “Una vez que nos paguen nosotros también pagaremos a nuestros trabajadores y proveedores”.
En esta situación se encuentran decenas de empresas que mantienen contratos con el Estado, pero sobre todo aquellas vinculadas con el sector petrolero, las cuales registran retrasos de más de seis meses en el pago de sus planillas. En el Presupuesto del Estado para el 2016 se incluyó un rubro denominado pasivo circulante por USD 1 559 millones, que corresponde básicamente a las deudas acumuladas durante el 2015 y que no se pudieron cancelar a proveedores de las estatales Petroecuador y Petroamazonas, entre otras entidades públicas del país.
A principios de este año, el presidente Rafael Correa dijo en su primera sabatina del 2016 que hasta fines de enero se pagaría a la mayoría de proveedores del Estado. Varias empresas aún no han visto cumplidos sus haberes y mantienen la esperanza de que en esta semana o el próximo mes llegue algún abono. Sobre todo a raíz de la noticia del crédito por USD 970 millones otorgado por el Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) el viernes pasado.
Uno de estos proveedores es Bolívar Mieles, gerente de MKP, firma ensambladora de bombas para extraer crudo. MKP mantiene una cartera vencida por USD 3 millones con Petroamazonas, que se ha venido acumulando desde principios del año pasado. Mieles cuenta que en la petrolera estatal le informaron que esta semana podría haber un abono. Destaca que si bien no logró cobrar nada el año pasado, el escenario laboral mejoró el mes pasado a raíz de la firma de un contrato para que la firma Schlumberger se haga cargo del campo Auca. “Esa empresa se demora máximo 30 días en pagarnos y con eso hemos intentado sostenernos”, dijo el empresario.
Pero otras compañías están desesperadas por el pago de sus haberes ya que corren el riesgo de quebrar. Este es el caso de Maxtrailer, que opera en Orellana con grúas y ocho vehículos para carga pesada al servicio de Río Napo, una empresa de economía mixta cuyo accionista mayoritario es Petroamazonas. La compañía Maxtrailer tiene una deuda por cobrar a Río Napo por más de USD 700 000 desde junio del año pasado. Sixto Moreno, gerente de Maxtrailer, indica que la petrolera le abonó en diciembre pasado únicamente USD 100 000 de la deuda total.
Esta situación le ha llevado a atrasarse en los pagos de sueldos y décimos a sus trabajadores, además de caer en mora con el SRI y el IESS. “Estoy ahorcado, me sigue el IESS, el SRI y el banco. No he podido pagar a proveedores”, cuenta Moreno, quien demanda un abono mayor de manera urgente para despejar el fantasma de una quiebra. Pero no solo las firmas grandes están en problemas por la falta de pago del Gobierno. Hay negocios de menor envergadura que a su vez sirven a los proveedores del Estado. Este es el caso de Cecibel Paz, presidenta de la Cámara de Transporte de Orellana, quien ofrece sus servicios con diez tráileres.
Fuente. El Comercio