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Una vez que el primer paquete de enmiendas constitucionales sea publicado en el Registro Oficial y entre en vigencia, la Asamblea deberá reformar seis leyes, por los 12 de 15 artículos constitucionales enmendados. Solo una, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), tiene plazo para ser modificada por la Asamblea en 180 días.

Dos artículos que no requieren cambiar las normas secundarias son los de seguridad integral de las FF.AA. y de comunicación como servicio público, pues la Asamblea ya hizo estas modificaciones antes de aprobar las enmiendas. Y el tercero es el que cambia fondos provisionales por previsionales.

La enmienda al artículo 104 de la Constitución para que se realicen consultas populares según las competencias de cada nivel de gobierno atañe al Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana.

Para los artículos 114, 142 y 144 de la Constitución proceden reformas al Código de la Democracia, pues allí están los temas de reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular y la rebaja de edad de 35 a 30 años para ser candidato presidencial.

Por los artículos 211 y 212, para que la Contraloría no haga auditorías de gestión ni de objetivos institucionales, se debe cambiar la Ley Orgánica de la Contraloría. Y los artículos 229 y 326 se operativizarán a través de la reformas a la Losep.

El Código de Ordenamiento Territorial requiere adaptarse a las enmiendas a los artículos 261, 264 y la transitoria primera que se refieren a las competencias de los gobiernos autónomos en salud y educación y la eliminación del plazo de ocho años para conformar regiones.

La Ley de Régimen Especial de Seguridad Social para la Fuerza Pública deberá ser reformada por la enmienda al artículo 370 para que el Estado garantice el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las FF.AA. y Policía.

Al no tener plazos, para el coordinador de bloque de AP, Fausto Cayambe, reformar estas leyes dependerá de la voluntad política de los asambleístas, pero serán una prioridad en la agenda legislativa de 2016.

Fabián Solano (AP-PS), de la Comisión de Participación, dijo que si no se reforman inmediatamente no hay problema, pues impera la supremacía de la Constitución, más allá de si en la ley no se haga la reforma. Con ello coincidió Cayambe.

A pesar de esa supremacía, Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) indicó que lo mejor es hacerlo lo más pronto posible para que en el futuro no puedan existir confusiones basadas en la falta de actualización de las normas secundarias. (I)

Fuente: El Universo