Para mañana se prevé que la Asamblea retome la sesión para abordar el veto parcial del Ejecutivo a la Ley APP.
Desde que se dio a conocer que apenas el 7% de las nuevas empresas creadas desde 2011 se han acogido a los beneficios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), tanto el Gobierno como sectores empresariales preparan acciones.
Cuando Santiago León, viceministro de la Producción, expuso el pasado 26 de noviembre que solo 97 empresas nacientes aprovecharon los incentivos del Copci, enseguida hizo un ‘mea culpa’ por parte del Estado por no haber promocionado masivamente las ventajas tributarias que contiene la norma, para que un mayor número de empresarios acceda a ellas.
A partir de ahí el ministerio del ramo estaría estructurando una agenda de trabajo sobre este y otros temas, que se desarrollarían durante el transcurso del próximo año, según informó el departamento de comunicación de la cartera de Estado.
Así como lo hizo el Gobierno, los representantes de las cámaras de comercio e industrias asumen su responsabilidad en el asunto.
Pablo Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Industrias y Productividad (CIP), admitió que la situación se presentó por falta de mayor difusión.
“Es importante que las empresas conozcan cuál es el alcance de los beneficios”, dijo Zambrano, al tiempo de indicar que la cámara trabajará en socializar el tema entre sus agremiados.
Agregó que el Ministerio de la Producción debe enfatizar, además, en los incentivos de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), para que puedan ser aprovechados de mejor manera y, sobre todo, para atraer más capitales frescos a la economía nacional.
Sin embargo, a criterio de Zambrano, “el empresario ecuatoriano busca mucho el tema de beneficios o incentivos, pero lo que necesita es condiciones generales básicas que le permitan producir, crecer e incorporarse dentro de la economía”.
Incentivos del Copci
El Código de la Producción fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010, con el propósito de contribuir a la transformación de la matriz productiva, con mayor valor agregado a través de la generación de conocimiento e innovación.
Entre los principales incentivos constan: reducción al 22% de Impuesto a la Renta desde 2013, no pago del Impuesto a la Renta (IR), por los primeros 5 años, para empresas nuevas localizadas fuera de Quito o Guayaquil; no pago de anticipo del Impuesto a la Renta, por los primeros 5 años de creada la empresa; reducción de 10 puntos en el Impuesto a la Renta en las utilidades reinvertidas.
Para las industrias básicas rige la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años a partir del primer año en que se generen ingresos atribuibles a la nueva inversión. Si la inversión se realiza en cantones fronterizos, la exoneración del Impuesto a la Renta será por 12 años.
Las nuevas inversiones a plazo fijo en el país no pagan Impuesto a la Renta en instrumentos con plazo mayor a 360 días. Si provienen del exterior, no pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), tanto del capital como del rendimiento.
Incentivos Ley APP
Para mañana se prevé que la Asamblea Nacional retome la sesión para abordar el veto parcial del Ejecutivo a la Ley APP para su aprobación final.
El cuerpo legal permite la participación del sector privado en obras para el país, con excepción de los sectores estratégicos
Entre los beneficios que ofrece figuran el no pago del Impuesto a la Renta durante los 10 primeros años que se generen ingresos operacionales; exoneración del ISD en importaciones, pago de servicios, financiamiento y utilidades o dividendos.
Para tributos al comercio exterior se aplican las mismas condiciones que el sector público: Estabilidad jurídica en los aspectos esenciales a la inversión y en los incentivos a otorgarse. (I)
Datos
El Estado se ha comprometido a reducir la tramitología innecesaria y crear una ventanilla única de atención al inversionista.
Las alianzas público-privadas generarían obras en infraestructura vial por $ 1.737 millones y $ 831 millones en vivienda social.
El Banco Mundial (BM) otorgará financiamiento a la banca privada para créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por $ 100 millones.
El mismo monto se entregará para proyectos del sector privado.
Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) existe una línea aprobada directa de financiamiento por $ 510 millones. Además de una línea compartida con otros prestamistas por $ 305 millones.
Fuente: El Telégrafo